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Propuestas Legislativas

Nuestra Visión

Un Perú que ponga a las personas primero, donde el trabajo sea digno, la juventud tenga futuro, la educación sea una prioridad real y la corrupción no tenga espacio. Creemos en un Estado que proteja al trabajador, impulse al emprendedor y garantice oportunidades para quienes hoy son invisibles.

El Perú primero. Juntos para hacer las reformas que el país necesita.

01.

Trabajo Digno y Derechos Laborales

Defender al trabajador es defender al Perú.

Mi compromiso es gestionar e impulsar leyes que favorezcan a los trabajadores, especialmente a quienes hoy se encuentran con especial atención a los sectores más vulnerables del mercado de trabajo.

• Defensa integral de los derechos laborales.
• Impulso a la transferencia de los trabajadores CAS al régimen laboral 728, garantizando estabilidad, beneficios sociales y dignidad.
• Promoción de leyes que fortalezcan la fiscalización laboral y eviten abusos.
• Protección especial para los trabajadores con menores ingresos y mayor vulnerabilidad.

• Impulsar proyectos de ley que evalúen mejoras progresivas en los regímenes laborales existentes.
• Promover el debate legislativo sobre la situación de los trabajadores bajo el régimen CAS, respetando el marco constitucional y presupuestal.
• Fortalecer los mecanismos de supervisión y fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral.
• Promover condiciones de trabajo dignas y formales.

02.

Impulso a las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES)

Las MYPES son el motor de la economía peruana. Por ello, promoveremos un marco legal que las fortalezca y las proteja.

• Creación del Banco de las MYPES, con tasas de interés bajas y acceso real al crédito.
• Simplificación de trámites para la formalización.
• Incentivos para el crecimiento y la generación de empleo.
• Programas de apoyo al emprendedor peruano, especialmente en Lima Metropolitana.

• Promover iniciativas legislativas que faciliten el acceso al financiamiento formal para las MYPES.
• Impulsar propuestas normativas para la creación o fortalecimiento de mecanismos financieros especializados para el sector MYPE, en coordinación con el Poder Ejecutivo.
• Fomentar la simplificación administrativa y la formalización empresarial.
• Promover políticas públicas que incentiven el emprendimiento y la productividad.

03.

Juventud con Futuro e Igualdad de Oportunidades

Miles de jóvenes con talento no pueden estudiar porque solo les alcanza para sobrevivir. Esto ocurre hoy en distritos como San Juan de Lurigancho, donde se pierden capacidades por falta de oportunidades.

• Promulgación de leyes que generen más oportunidades de trabajo, educación e igualdad para los jóvenes.
• Convenios educativos y técnicos para formar jóvenes profesionales de alta competencia.
• Programas de inserción laboral juvenil.
• Prioridad a jóvenes que no acceden ni a universidades públicas ni privadas por falta de recursos.

  • Impulsar proyectos de ley orientados a ampliar el acceso a la educación superior y técnica.
  • Promover programas de inserción laboral juvenil y prácticas formativas.
  • Fomentar convenios interinstitucionales que fortalezcan la formación profesional de jóvenes de escasos recursos.
  • Priorizar iniciativas que reduzcan brechas de desigualdad, especialmente en zonas urbanas de alta densidad poblacional como San Juan de Lurigancho.
04.

Educación como Prioridad Nacional

Invertir en educación es invertir en el futuro del Perú. La educación debe ser el eje central del desarrollo nacional.

• Incremento del presupuesto público en educación.
• Construcción de la Universidad de San Juan de Lurigancho, una promesa pendiente que haremos realidad.
• Colegios seguros y con digitalización real, no solo en el discurso.
• Capacitación docente continua con mejores condiciones laborales.
• Educación que forme ciudadanos libres, críticos y comprometidos con el país.

La universidad de San Juan de Lurigancho no puede seguir siendo una promesa. Nosotros la construiremos.

  • Promover iniciativas legislativas para el incremento progresivo del presupuesto público en educación, de acuerdo con la sostenibilidad fiscal.
  • Impulsar acciones de fiscalización respecto a proyectos educativos pendientes.
  • Promover el debate legislativo sobre la implementación de infraestructura educativa, incluyendo universidades públicas creadas por ley y aún no ejecutadas.
  • Fomentar la modernización educativa, la digitalización responsable y la capacitación docente.
05.

Lucha Frontal contra la Corrupción

Mano dura contra los corruptos. La corrupción ha debilitado al Estado y traicionado al pueblo.

• Derogación de las leyes procriminalidad.
• Denuncia pública y legal de los congresistas que se beneficiaron indebidamente.
• Tolerancia cero frente a la corrupción en cualquier nivel del Estado.
• Endurecimiento de penas para funcionarios corruptos.

  • Impulsar la revisión y fortalecimiento del marco normativo penal frente a delitos graves como extorsión, sicariato y crimen organizado.
  • Promover el debate técnico y constitucional sobre el endurecimiento de penas, respetando los derechos fundamentales.
  • Impulsar reformas a la política penitenciaria orientadas a mejorar el control y la seguridad en los establecimientos penitenciarios.
  • Ejercer una función de fiscalización activa sobre el sistema de seguridad ciudadana.
06.

Seguridad Ciudadana y Justicia Firme

El delincuente no puede tener más derechos que el ciudadano honesto.

• Promulgación de leyes que condenen a cadena perpetua a:
– Extorsionadores
– Sicarios
– Corruptos
• Cambio total de la política penitenciaria.
• Construcción de cárceles de alta seguridad en lo más alto de los Andes, donde los criminales no puedan seguir delinquiendo.
• Seguridad real para las familias peruanas.

  • Promover iniciativas legislativas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la corrupción.
  • Impulsar la derogatoria o modificación de normas que debiliten la lucha contra el crimen organizado, previo análisis técnico y constitucional.
  • Fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control político.
  • Ejercer una fiscalización firme y responsable sobre el uso de los recursos públicos.